Percepciones Ciudadanas en Tiempos de Crisis e Incertidumbre: Oportunidades y Desafíos para la Gestión de Crisis y Equipos de Trabajo en las Organizaciones
El Estallido Social de octubre de 2019, la Pandemia de COVID-19, y los graves efectos del Cambio Climático han implicado una serie de transformaciones, crisis y riesgos que han impactado el escenario social, económico, político y medio ambiental de nuestro país. Lo anterior, se traduce en altos niveles de incertidumbre y desafíos en el entorno en el cual se desenvuelven las organizaciones que también son impactadas por este escenario cambiante e incierto que tiene potencial de amenazar su buen funcionamiento, pudiendo impactar negativamente en su reputación, cumplimiento de sus objetivos y metas, rentabilidad, productividad, calidad de vida de sus trabajadores y el clima laboral.
En materia de percepciones sociales, económicas y políticas, tras el Estallido Social y a casi dos años de la Pandemia-COVID 19, el Centro de Estudios Públicos (CEP) presentó en septiembre de 2021 el Estudio Nacional de Opinión Pública, el cual dejó en evidencia que los tres principales problemas sociales que a juicio de la población chilena se les debería dedicar mayor esfuerzo en solucionar por parte del gobierno son: la delincuencia (42%), pensiones (41%), salud (38%). En materia económica, el 52% de la población califica su situación económica como “ni buena/ni mala”, el 31% como “buena/muy buena” y el 15% como “mala/muy mala”, mientras que el 56% de los encuestados considera que su situación económica se mantendrá igual en los próximos doce meses. Junto con lo anterior, la mayoría de la población (60%) piensa que el país se encuentra “estancado”.
En materia política, para el 61% de la población, la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, sin embargo, el 53% considera que la democracia en Chile funciona en forma “regular”, mientras el 30% señala que “funciona mal/muy mal” y solo para un 12% de los encuestados la democracia tiene un buen desempeño. Respecto a la confianza en las instituciones; lideran el ranking las universidades con un 47%, seguido por las radios con un 38%, la PDI con un 36% y las FF. AA con un 30%. En el otro extremo se encuentran los partidos políticos con un 4%, seguido por el Congreso con un 8% y el Gobierno con 11%. Por su parte, la Convención Constituyente quedó en el séptimo lugar de las instituciones que le generan confianza a la ciudadanía logrando un 24% de apoyo. Asimismo, el porcentaje de personas que cree que la Nueva Constitución probablemente ayude a resolver los problemas del país es de un 49%, mientras que el 30% considera que probablemente deje las cosas igual y el 15% piensa que es posible que empeore la situación. Un aspecto relevante respecto del trabajo de la Convención Constituyente es que el 61% de la población considera que resulta más conveniente que los convencionales den prioridad a los acuerdos, aunque tengan que ceder. Otro dato importante en materia política es que el 50% de la población no sabe por quién votará en las próximas elecciones presidenciales.
Según los resultados de la CEP, queda en evidencia la alta valoración que manifiesta la población hacia valores como la democracia, el diálogo y los acuerdos. Asimismo, como se mencionó anteriormente, existe una gran preocupación de la ciudadanía con respecto a la delincuencia que a juicio de los encuestados se sitúa como el principal problema social que enfrenta Chile (42%). Además, el sondeo evidencia un aumento en los niveles de rechazo a la violencia como forma de protesta social. Es así como, respecto al apoyo a las manifestaciones que se iniciaron en 2019; según la CEP de diciembre de ese año un 55% de la población afirmaba que “las apoyó”, sin embargo, en 2021 esa cifra cayó al 39%. En este mismo sentido, un aspecto importante que revela la encuesta es que la mayoría de la población rechaza la violencia como forma de protesta social, lo que se traduce en que los encuestados afirmen que “nunca/casi nunca” apoyarían las siguientes acciones: participar en saqueos como forma de protesta (93%); participar de barricadas o destrozos como forma de protesta (88%); provocar incendios en edificios y locales comerciales como forma de protesta (94%); y evadir el pago del transporte público para protestar cuando su precio sube (63%). Sin embargo, la marchas como forma de protesta mantienen un alto nivel de adhesión con un 46% de apoyo.
Respecto a la percepción laboral de los trabajadores en Chile, el estudio Barómetro del Trabajo de la Fundación Fiel y MORI publicada en abril de 2021, señala que el 43% de la población se declara feliz con su trabajo, mientras que el 36% señala no sentirse feliz. En una escala de 1 a 10 donde 1 es “muy difícil” y 10 es “muy fácil”, la población califica su nivel de acceso al empleo con nota 3,6. En una escala de 1 a 100, las condiciones de trabajo decente existentes en sus lugares de trabajo que mejor evalúan los trabajadores son: contrato indefinido (68), cotizaciones para pensiones (50), seguro de cesantía (48), derecho a licencia médica por enfermedad común (44) y, seguro de accidentes de trabajo (41), entre otras. En contraposición las condiciones de trabajo peor evaluadas son: jornada laboral que concilia el trabajo con la vida familiar (24), igualdad laboral entre hombres y mujeres (24), condiciones de salud mental sin acoso (22) y, negociación colectiva (17).
Junto con lo anterior, el estudio “Barómetro del Trabajo”, evidencia que el 51% de los chilenos asegura tener problemas de dinero, deudas, cesantía y/o incertidumbre económica y sanitaria, mientras que al 54% de la población no le alcanza para llegar a fin de mes. Asimismo, en una escala de 1 a 10 donde 1 es “nada de acceso” y 10 es “acceso total”, la población evalúa con una nota 4,7 el acceso a la capacitación y a la formación para un empleo. En materia de teletrabajo, el 82% de la población perteneciente a la clase alta declara trabajar remotamente, el 51% de la clase media y solo el 30% de la clase baja. Respecto a las personas que declaran teletrabajar, el 60% de ellos señala que deben costear los gastos inherentes al teletrabajo, mientras que el 32% indica que dichos gastos son asumidos por el empleador.
Por otra parte, desde el punto de vista ciudadano, los temas medioambientales concitan un creciente interés en nuestro país según lo evidencian los resultados del estudio “Climate Change and Public Opinions International Observatory 2020” (EDF, IPSOS, 2021), el cual concluye que 80% de la población en Chile tiene una percepción bastante crítica sobre el tema medioambiental. Sus principales preocupaciones son: la desertificación/sequia (49%), el agotamiento de recursos naturales tales como el agua, el suelo, la madera (43%), la acumulación de desechos (42%) y el cambio climático con (39%). En comparación a un año atrás, el 86% de los chilenos se declara “más preocupado” respecto del cambio climático. Con respecto a los riesgos asociados al cambio climático, los chilenos señalaron que la desertificación y el aumento en los eventos climáticos extremos son sus principales preocupaciones en torno a este fenómeno.
En síntesis, el Estallido Social, la Pandemia COVID 19 y los efectos del Cambio Climático en nuestro país, constituyen transformaciones significativas han generado cambios económicos, sociales, políticos y medioambientales impactando en los ecosistemas organizacionales, lo cual se traduce en altos grados de incertidumbre y episodios críticos que deben ser abordados. En este contexto, todas las organizaciones son susceptibles de experimentar una crisis, por lo cual enfrentan el desafío de generar políticas, estrategias y planes innovadoras para la gestión integral de crisis que les permitan contar con las capacidades para prevenirlas y en caso de producirse actuar con rapidez, para reconocer su origen, contenerla y resolverla con el menor daño para las organizaciones en caso de ocurrencia, lo cual impone a su vez la oportunidad de centrarse en los actores alcanzados por los daños de una crisis, proporcionándoles herramientas de contención y resiliencia para recuperarse luego de ocurrida una situación crítica cuya solución requiere del trabajo colaborativo de los equipos de trabajo.
En este sentido, junto con el fortalecimiento de las herramientas y competencias para la gestión de crisis en las organizaciones, resulta clave potenciar las competencias de liderazgo de quienes dirigen equipos de trabajo considerando el rol protagónico del capital humano de las organizaciones desde el punto de vista del talento de las personas y de su contribución al cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales y su participación en la toma de decisiones, lo que los convierte en responsables de la buena o mala marcha de las organizaciones. Por esta razón, las personas que ejercen funciones de liderazgo deben actuar como facilitadores del trabajo de su equipo, lo cual implica identificar, reflexionar, entender y manejar las motivaciones, los valores y actitudes de las personas a quienes dirigen, de una manera eficiente y con un enfoque claramente constructivista y de mejora continua, promoviendo relaciones laborales caracterizadas por la colaboración, confianza, cohesión, comunicación efectiva y motivación en el manejo de equipos que impacten positivamente en la calidad de vida de las y los trabajadores, su buen desempeño y en el clima laboral de las organizaciones en tiempo de crisis e incertidumbre.
Administrador Público y Magister en Dirección de Empresas (MBA), posee más de 20 años de experiencia laboral en los sectores público y privado. Posee conocimientos y experiencia laboral en la dirección, coordinación, formulación y evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo y asesorías en ámbitos vinculados a la cohesión social, derechos humanos, medio ambiente, energía y cambio climático, educación y cultura, inclusión social de grupos vulnerables (i.e. personas con discapacidad, migrantes, personas en situación de pobreza, entre otros), desarrollo de personas, entre otros, desempeñando dichas funciones en la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), Ministerio de Relaciones Exteriores, Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), Ministerio de Energía, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Educación, organismos bilaterales y multilaterales de cooperación internacional, universidades, corporaciones privadas, entre otros.
La profesional, cuenta además con más de 14 años de experiencia en la coordinación, gestión, relatoría y facilitación de talleres, seminarios y cursos de capacitación nacionales e internacionales en organismos públicos y privados en materias vinculadas al desarrollo sostenible (i.e. derechos humanos, inclusión de grupos vulnerables, energía y cambio climático, buenas prácticas laborales, agenda para el desarrollo sostenible, entre otros), desarrollo organizacional y optimización de procesos, planificación estratégica y control de gestión, cooperación internacional.