Vulneración de DDHH de Niños, Niñas y Adolescentes: Deuda pendiente del Sistema de Protección de Menores del Estado de Chile
No resulta desconocido para la sociedad chilena el historial de graves y sistemáticas violaciones de derechos de niños/as y adolescentes (NNA) cometidos residencias del Servicio Nacional de Menores (SENAME) a lo largo de los años. Castigos excesivos, torturas, violencia, abuso sexual y muertes son parte de las prácticas que ejercen varios de estos centros, las cuales fueron normalizadas e invisibilizadas a lo largo de la historia de dicho organismo, pero que en la última década han sido denunciadas ante la opinión pública en informes lapidarios emitidos por organismos como el Comité de los Derechos del Niño de la ONU; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH); y la Policía de Investigaciones (PDI), los cuales coinciden que el Estado ha violado sistemáticamente los DDHH de los NNA que están bajo su tutela.
En este contexto, en diciembre de 2018, la PDI entregó al gobierno a través del Ministerio de Justicia, el SENAME y el Ministerio Público el informe denominado “Análisis del Funcionamiento Residencial en Centros del SENAME”. El citado informe consideró la investigación de prácticamente la totalidad de las residencias del SENAME existentes en todo el país (240 de 241 residencias) dando cuenta de los cerca de 6.500 NNA que este organismo tiene en el sistema de residencias. El informe concluyó que en el 100% de los hogares administrados por el SENAME se han vulnerado los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Al respecto la PDI logro constatar que solo en un año (2017) existieron 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos de NNA, los cuales se desglosan en 432 maltratos por parte de adultos; 1.265 maltratos entre pares; 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos; 123 abusos sexuales cometidos por adultos; y 187 abusos sexuales cometidos entre menores. Asimismo, el informe estableció que en el 58,3% de los hogares del SENAME los maltratos hacia NNA fueron cometidos por los mismos trabajadores encargados de su protección.
Una de las cifras más preocupantes del citado informe es que en el 50% de los hogares investigados se constataron abusos de connotación sexual, que afectaron a 310 de menores bajo la tutela del SENAME. Asimismo, se evidenciaron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores mayoritariamente en residencias para adolescentes colaboradoras del SENAME. El 29% de los abusos perpetrados entre pares ocurrieron en centros administrados directamente por el SENAME.
Por otra parte, los resultados del informe de la PDI establecieron que aun cuando el 98,3% de los centros de menores fueron fiscalizados periódicamente por parte del SENAME en 2017, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa. Esto implica que el personal directivo sea avisado con antelación de las visitas inspectivas a realizar por parte del o la supervisora de la Dirección Regional del Sename” (PDI, 2018).
Junto con lo anterior, el reporte concluyó que en el 72,9% de los centros del SENAME a nivel nacional no cuentan con protocolos ante conductas suicidas; un 76,7% de los hogares no posee un instructivo para sujeción y contención física frente a desajustes conductuales; y un 72% no cuenta con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un/una menor. Otro dato preocupante que arrojó el estudio es que en el 95,8% de los centros se presentaron residentes con trastornos psiquiátricos, enfermedades crónicas o discapacidad, pese a lo cual según revela la investigación el 42% de las residencias no poseía un encargado de salud (2017). De los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario, determinándose que, en 55 de dichos centros la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud; mientras que en 42 centros el rol lo ejerce un funcionario que solo tiene cuarto medio.
Las cifras mencionadas anteriormente, evidencian la urgencia de reformar el sistema de protección de los derechos de NNA en Chile. El 5 de enero de 2021 se publicó la Ley 21.302 que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que viene a reemplazar el actual SENAME, a través del “Servicio Mejor Niñez” que comenzará a funcionar a partir del 1 de octubre de este año. Aun cuando la creación de este nuevo servicio constituye una declaración de que el Estado de Chile ha fallado con los NNA que se encuentran bajo su tutela, esto no asegura que cambien nada, por lo que una verdadera reforma de este sistema requiere de mayores recursos y nuevas formas de gestión, incluyendo la mayor supervisión y capacitación de los profesionales que intervienen en el sistema de protección de los menores y sus familias, así como, la transformación de los modelos de intervención que garanticen la promoción, el ejercicio y la restitución de los derechos humanos de NNA que han sido vulnerados. En síntesis, las experiencias adversas vividas durante la niñez y la adolescencia constituyen aspectos relevantes y urgentes que deben ser intervenidos a tiempo, pues conllevan efectos de largo plazo que pueden generar problemas de conducta e involucramiento en prácticas violentas a futuro, trastornos mentales y/o uso de sustancias psicoactivas (alcohol o drogas), enfermedades crónicas; problemas de aprendizaje y concentración; entre otros, que se transmiten generacionalmente, repitiéndose durante la adultez.
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Administrador Público y Magister en Dirección de Empresas (MBA), posee más de 20 años de experiencia laboral en los sectores público y privado. Posee conocimientos y experiencia laboral en la dirección, coordinación, formulación y evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo y asesorías en ámbitos vinculados a la cohesión social, derechos humanos, medio ambiente, energía y cambio climático, educación y cultura, inclusión social de grupos vulnerables (i.e. personas con discapacidad, migrantes, personas en situación de pobreza, entre otros), desarrollo de personas, entre otros, desempeñando dichas funciones en la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), Ministerio de Relaciones Exteriores, Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), Ministerio de Energía, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Educación, organismos bilaterales y multilaterales de cooperación internacional, universidades, corporaciones privadas, entre otros.
La profesional, cuenta además con más de 14 años de experiencia en la coordinación, gestión, relatoría y facilitación de talleres, seminarios y cursos de capacitación nacionales e internacionales en organismos públicos y privados en materias vinculadas al desarrollo sostenible (i.e. derechos humanos, inclusión de grupos vulnerables, energía y cambio climático, buenas prácticas laborales, agenda para el desarrollo sostenible, entre otros), desarrollo organizacional y optimización de procesos, planificación estratégica y control de gestión, cooperación internacional.
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