Día Internacional contra la Corrupción: Panorama Nacional y Desafíos para Chile
El día 9 de octubre se conmemoró el Día Internacional contra la Corrupción, la cual es definida por Transparencia Internacional como “el abuso del poder en beneficio propio”. La corrupción abarca múltiples acciones tales como, tráfico de influencia, financiamiento irregular de la política, conflictos de interés, soborno, cohecho, malversación de recursos públicos, uso indebido de información privilegiada, entre otros males, que afectan la democracia, el crecimiento económico y el estado de derecho.
Nuestro país ha enfrentado numerosos actos de corrupción que tienen una larga data, afectando la política y los negocios, lo cual ha provocado una sensación de hastío e impunidad en la ciudadanía, derivando en una crisis de confianza en las instituciones y en el funcionamiento de los mecanismos de fiscalización a las que están sometidas y a la falta de aplicación de sanciones eficaces y ejemplificadores frente a actos que vulneran la ética pública.
Respecto a los avances en materia de prevención, detección y persecución de la corrupción en Chile en noviembre de 2018 se publicó la Ley N°21.121 que modifica el Código Penal y la Ley N°20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, incluyendo estándares y buenas prácticas establecidas por la OCDE y otros organismos internacionales en materia de políticas anticorrupción. En tal sentido, la reforma que introduce la Ley N°21.121 supone importantes avances en materia de transparencia, estableciendo nuevas penalidades para figuras que ya estaban contempladas en el Código Penal, como la corrupción que involucra a funcionarios públicos; la tipificación como delito de la corrupción entre privados y la administración desleal de recursos; aumento de las sanciones, tanto con las nuevas penas privativas de libertad como por el incremento de las multas dentro del proceso legal; entre otras medidas.
Pese a los avances normativos existentes en materia de prácticas anticorrupción, seguimos conociendo escándalos relacionados con este fenómeno que operan de manera cada vez más frecuente y sin mayores obstáculos, generando una sensación de malestar e impunidad en la población, lo cual se refleja en diversos estudios y encuestas de opinión que muestran una creciente desconfianza e insatisfacción ciudadana hacia el funcionamiento de los organismos públicos y privados, así como, una percepción que resulta alarmante respecto de los niveles de corrupción existentes en Chile. En este contexto, en diciembre de 2020, la Contraloría General de la República junto a la Universidad Austral, Chile Transparente y Eurosocial publicaron los resultados de la encuesta ¿Qué Piensas de la Corrupción en Chile?, la cual revela que el 77% de la población considera que nuestro país es corrupto o muy corrupto, asimismo, un 70% afirma que en 2020 Chile fue más corrupto que en 2019. Al mismo tiempo, en una escala de 1 a 5 los encuestados señalaron que las acciones que consideran más corruptas son obtener un beneficio por ser familiar de una autoridad (4,9); no denunciar un acto de corrupción (4,5); y mentir para obtener un beneficio (4,3). Para los encuestados los más perjudicados con los actos de corrupción son: la ciudadanía en general (94,8%), las personas vulnerables, (51,6%), las personas que reciben beneficios del Estado (27,7%) y el sector público (22,8%).
Junto con lo anterior, el estudio concluye que pese a que 1 de cada 2 personas encuestadas (51%) han sido víctimas o testigos de un acto de corrupción, el 67,9% de ellas indica que no denunció estos actos. Entre las razones para no denunciar figuran la desconfianza en las instituciones a cargo de la denuncia (47,4%), la denuncia no tendría consecuencias (39,4%), por temor a posibles represalias (34,3%) y por carecer de pruebas o testigos (34,3%).
Por su parte, el Centro de Estudios Públicos (CEP) presentó en septiembre de 2021 el Estudio Nacional de Opinión Pública, el cual evidenció que los chilenos posicionaron a la corrupción en la sexta posición entre los principales problemas que los afectan y respecto de los cuales el gobierno debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar. Con relación a la confianza en las instituciones; lideran el ranking del estudio CEP las universidades (47%), radios (38%), PDI (36%), FF. AA (30%), municipalidades (29%), carabineros (26%) y la Convención Constitucional (24%). En el otro extremo se encuentran los partidos políticos (4%), Congreso (8%), Gobierno (11%), Tribunales de Justicia y Ministerio de Justicia (12%). Asimismo, para el 61% de la población, la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, sin embargo, el 53% considera que la democracia en Chile funciona en forma regular, mientras que para el 30% regular funciona mal o muy mal y solo para el 12% de la población funciona bien o muy bien.
A nivel global, el índice que mide percepción de niveles de corrupción a nivel mundial de Transparencia Internacional (TI), situó a Chile dos puestos por sobre lo registrado en 2019, llegando en 2020 al lugar 25, pero con el mismo puntaje respecto de las tres mediciones anteriores (67). Este estancamiento estaría vinculado a los nuevos casos de corrupción que han surgido en los últimos años y que han afectado a instituciones que antes aparecían muy alejadas de este fenómeno. Según la medición, en Latinoamérica, Chile sigue en segundo lugar superado por Uruguay. En tanto, si se consideran los 37 países pertenecientes a la OCDE, Chile quedó en la 20° posición, es decir, en la segunda mitad de los peor evaluados dentro del bloque, superando a España, Corea del Sur e Italia.
En síntesis, Chile ha avanzado en la consolidación de su democracia, con un Estado más abierto, con una rendición de cuentas de las autoridades cada vez más ineludible, y con un cambio cultural en el combate contra la corrupción de la mano de una ciudadanía más empoderada, sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer, considerando que como se ha señalado, nuestro país está atravesando por una profunda crisis de confianza, donde la sociedad no cree en sus representantes e instituciones, así como tampoco, en la justicia ni en el trato igualitario y en donde como ha quedado demostrado la crisis social de octubre de 2018 tiene una componente importante derivada del aumento de la corrupción en nuestro país.
Bajo este escenario resulta clave crear conciencia sobre los beneficios de las políticas y prácticas anticorrupción en el ámbito público y privado para lo cual se requieren entre otras medidas; la consolidación de instituciones sólidas dedicadas a la lucha contra la corrupción; una mayor fiscalización para el cumplimiento de las normas anticorrupción por parte de los sectores público y privado; contrataciones públicas más abiertas y transparentes; la generación de mecanismos de prevención de la corrupción a través de acciones de concientización y educación; la creación de canales formales para la denuncia de hechos irregulares y de garantías efectivas de protección a los denunciantes para que estos estén protegidos frente a cualquier represalia, entre otras medidas. En este sentido, el gobierno y la sociedad no pueden seguir asumiendo un rol pasivo frente a cada nuevo escándalo de corrupción, para lo cual se requieren acciones concretas y penas ejemplificadoras para fomentar una cultura de integridad que contribuya a restituir la confianza ciudadana en las instituciones, la legitimidad de nuestro régimen democrático y el fortalecimiento de la imagen del país a nivel internacional.
Administrador Público y Magister en Dirección de Empresas (MBA), posee más de 20 años de experiencia laboral en los sectores público y privado. Posee conocimientos y experiencia laboral en la dirección, coordinación, formulación y evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo y asesorías en ámbitos vinculados a la cohesión social, derechos humanos, medio ambiente, energía y cambio climático, educación y cultura, inclusión social de grupos vulnerables (i.e. personas con discapacidad, migrantes, personas en situación de pobreza, entre otros), desarrollo de personas, entre otros, desempeñando dichas funciones en la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), Ministerio de Relaciones Exteriores, Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), Ministerio de Energía, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Educación, organismos bilaterales y multilaterales de cooperación internacional, universidades, corporaciones privadas, entre otros.
La profesional, cuenta además con más de 14 años de experiencia en la coordinación, gestión, relatoría y facilitación de talleres, seminarios y cursos de capacitación nacionales e internacionales en organismos públicos y privados en materias vinculadas al desarrollo sostenible (i.e. derechos humanos, inclusión de grupos vulnerables, energía y cambio climático, buenas prácticas laborales, agenda para el desarrollo sostenible, entre otros), desarrollo organizacional y optimización de procesos, planificación estratégica y control de gestión, cooperación internacional.
