Ley de Matrimonio Igualitario: oportunidades y desafíos para avanzar en la inclusión social de la comunidad LGBTI+
Un importante respaldo ciudadano concita actualmente el matrimonio igualitario en Chile según los resultados de varias encuestas que abordan temáticas vinculadas a la inclusión y diversidad en nuestro país, en donde se puede observar que el apoyo de los chilenos a esta iniciativa y a medidas que propician la integración social de personas de la comunidad LGBTI+ ha ido aumentando significativamente durante los últimos años.
En este contexto, los resultados de la Encuesta Bicentenario publicada por la Pontificia Universidad Católica de Chile en noviembre de 2019, dan cuenta que el apoyo al matrimonio igualitario alcanzó un 61%, registrándose un alza de un 11% respecto de 2015. Asimismo, el apoyo a la adopción homosexual se sitúo en un 48%, representando un incremento de 16% respecto de la medición realizada en 2015.
Por su parte, la última encuesta Plaza Pública de CADEM publicada el 6 de junio de 2021, arrojó varios resultados significativos en materia valórica, que también reflejan el alto apoyo al matrimonio y adopción homosexual en Chile. Respecto al matrimonio igualitario, un 74% de la población afirma estar de acuerdo respecto a que las parejas homosexuales tengan derecho a casarse, alcanzado su nivel más alto desde el 2014 en donde ese apoyo logró un 50%. Junto con lo anterior, el 65% de los chilenos manifiesta estar de acuerdo de que estas parejas tengan el derecho a adoptar un hijo, llegando a su máximo histórico respecto del año 2014, en donde ese resultado alcanzó un 37%. Asimismo, el 58% de la población en Chile se manifiesta a favor respecto a que los menores de edad puedan cambiar su identidad de género, pero con autorización de sus padres.
Otro estudio relevante en materia de inclusión y diversidad sexual, es el relativo a la encuesta #SomosFamilia publicada en 2020, la cual tiene como propósito visibilizar la situación de filiación de niños, niñas y adolescentes en Chile, quienes viven o son parte de familias LGBT. En este contexto, los resultados de la primera versión de la encuesta publicada por la Fundación Iguales en junio de 2020, en la participaron 151 familias LGBT, dan cuenta de que el rango etario más frecuente que tienen las madres o padres de la diversidad fluctúa entre los 31 y 40 años (64%). Respecto a la orientación sexual, el 72,8% se identifica como lesbiana, el 16,6% como bisexual, el 7,3% como gay y el 3,3% como pansexual. La mayoría de ellos/ellas (82,8%), tienen solo un/a hijo o hija. En torno al tipo de nacimiento de los y las menores, dentro de un proyecto de pareja lésbica u homosexual, este concentra el 51,4% de los casos. De un proyecto que fue heterosexual provienen un 26,6% de los menores, mientras que en el 18,1% de los casos los hijos o hijas no fueron planificados.
Uno de los resultados más alarmantes evidenciados por la encuesta mencionada, es que el 58,2% de las/os hijas/os provenientes de una familia de la diversidad, es que requiere el reconocimiento por parte de otra madre o padre y que, si uno de los padres o madres falleciera, el niño, niña o adolescente quedaría en total estado de vulnerabilidad frente a la ley. En este contexto, el estudio evidencia que al menos 96 de las familias encuestadas requieren apoyo judicial para el reconocimiento de sus hijas e hijos, lo cual hace evidente la necesidad de avanzar en la regulación de vínculos familiares en parejas del mismo sexo. Este panorama ha demostrado la alta vulnerabilidad a la que están expuestos los hijos e hijas que viven o son parte de familias LGBT, quienes no gozan de los mismos derechos filiativos como los nacidos de parejas heterosexuales, situación que podría ser subsanada con la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario, cuyo proyecto de ley lleva tramitándose casi 4 años en el Congreso Nacional.
En lo fundamental el proyecto de ley de Matrimonio Igualitario presentado a primer trámite del Congreso Nacional en septiembre de 2017 (Boletín N°11.422-07) busca adaptar la legislación a las disposiciones que permitan dar a parejas del mismo sexo un acceso igualitario al estatuto de matrimonio civil. Del mismo modo, el proyecto busca otorgar reconocimiento en materia filiativa ya sea por adopción o por técnicas de reproducción asistida a familias homoparentales. Asimismo, el proyecto contempla los regímenes patrimoniales que regularán las relaciones económicas de las parejas del mismo sexo entre sí y respecto de terceros.
Bajo este escenario, la decisión del Gobierno de Chile de otorgar “carácter de urgente” al proyecto de ley de matrimonio igualitario anunciado durante la última cuenta pública (1 de junio de 2021), constituye una gran oportunidad para extender el mandato constitucional de fomentar la igualdad de derechos y libertades para todas las personas, cualquiera sea su sexo, raza, nacionalidad, orientación sexual o su identidad de género, garantía que debe extenderse a parejas del mismo sexo para la protección a la familia, el matrimonio y su estatuto sin discriminaciones arbitrarias, enalteciendo con ello el valor de la diversidad, la autonomía personal y el derecho fundamental de cada ciudadano y ciudadana de nuestro país a decidir cómo vivir su vida.
Administrador Público y Magister en Dirección de Empresas (MBA), posee más de 20 años de experiencia laboral en los sectores público y privado. Posee conocimientos y experiencia laboral en la dirección, coordinación, formulación y evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo y asesorías en ámbitos vinculados a la cohesión social, derechos humanos, medio ambiente, energía y cambio climático, educación y cultura, inclusión social de grupos vulnerables (i.e. personas con discapacidad, migrantes, personas en situación de pobreza, entre otros), desarrollo de personas, entre otros, desempeñando dichas funciones en la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), Ministerio de Relaciones Exteriores, Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), Ministerio de Energía, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Educación, organismos bilaterales y multilaterales de cooperación internacional, universidades, corporaciones privadas, entre otros.
La profesional, cuenta además con más de 14 años de experiencia en la coordinación, gestión, relatoría y facilitación de talleres, seminarios y cursos de capacitación nacionales e internacionales en organismos públicos y privados en materias vinculadas al desarrollo sostenible (i.e. derechos humanos, inclusión de grupos vulnerables, energía y cambio climático, buenas prácticas laborales, agenda para el desarrollo sostenible, entre otros), desarrollo organizacional y optimización de procesos, planificación estratégica y control de gestión, cooperación internacional.