Salud mental de los chilenos en pandemia: oportunidades y desafíos para abordar esta problemática social
Uno de los efectos negativos más significativos que ha ocasionado la pandemia Covid-19 ha sido el severo deterioro de la salud mental de los chilenos. En este contexto, en abril de 2021, durante la segunda ola de la pandemia; con la mayoría de la población en cuarentena se aplicó la tercera edición de la encuesta “Termómetro de la Salud Mental en Chile” liderada por el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica y la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), la cual evidencia que el 73% de la población considera que su vida actual es bastante o completamente diferente a la que tenía antes del COVID-19, estableciéndose que el 46,9% de los chilenos evalúan que su estado anímico en ese período fue peor o mucho peor en comparación con la situación anterior a la pandemia del coronavirus.
Otro resultado relevante del estudio, es que el 32,8% de los chilenos presentan síntomas asociados a sospecha o presencia de problemas de salud mental, lo cual representa un aumento de 6 puntos respecto de noviembre de 2020, período en el cual la mayor parte del país se encontraba en etapa de desconfinamiento. Los principales problemas de salud mental mencionados por los encuestados son: dificultad para disfrutar actividades cotidianas (51,1%); sensación de agobio permanente (50,1%); pérdida del sueño (46,6%); problemas de concentración (42,6%); sentirse poco feliz o deprimido (33,6%); entre otros.
Según la encuesta, el 46,7% de la población presenta síntomas suaves a severos de depresión, lo cual representa un aumento de 9 puntos respecto a la medición realizada en noviembre de 2020. Asimismo, el estudio reveló que las principales preocupaciones o situaciones que producen estrés a los chilenos se vinculan al temor a ser víctimas de la delincuencia (69,7%); la posibilidad de contagiarse de COVID-19 (61,7%); su situación económica esperada para los próximos meses (58,4%) y; la posibilidad de perder el empleo (43,5%). Respecto al involucramiento de los encuestados con su trabajo, el 29,2% de la población en Chile afirma que cuando está trabajando siempre o casi siempre se olvida de todo, evidenciándose un aumento de 7 puntos respecto de la medición de noviembre del año pasado. Junto con lo anterior, otro resultado preocupante, es que el sedentarismo de los chilenos se sitúa en un 40,9%. Otro hallazgo significativo fue que pese a las cifras negativas que arroja el estudio, solo un 15% de la población ha tenido la oportunidad de consultar a un médico o psicólogo desde el inicio de la pandemia, mientras que un 6,8% indica haber acudido a un psiquiatra.
En el ámbito de las políticas públicas, cabe destacar que en junio de 2020 el Ministerio de Salud lanzó el programa “SaludableMente” que tiene como objetivo prestar apoyo a la contención emocional a personas que producto de la pandemia han visto deteriorada su salud mental. Asimismo, el programa busca entregar información para mejorar el bienestar psicosocial de la ciudadanía. El programa es coordinado por una mesa de expertos integrada por representantes del gobierno, académicos, expertos en salud, comunidad científica, sociedad civil, entre otros, la cual tiene como objetivo proponer recomendaciones de diagnóstico y tratamiento respecto de aquellos grupos sobre los cuales deben priorizarse intervenciones en salud mental (Ministerio de Salud, 2021).
Asimismo, en mayo de 2021 se publicó la Ley N°21.331 sobre “Reconocimiento y Protección de los Derechos en la Atención de Salud Mental”, la cual reconoce y protege los derechos fundamentales de personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, en especial sus derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, al cuidado sanitario y a la inclusión social y laboral, promoviendo además las denuncias frente a situaciones que vulneran los derechos humanos de este grupo de personas (i.e. violencia psíquica, mental, sexual, de género, económica, u otra; discriminación en la cobertura económica en las prestaciones de salud mental en el sistema de salud privado; falta de consentimiento libre e informado respecto a tratamientos y hospitalizaciones; entre otros).
La Ley N°21.331, presentada como la “nueva ley de salud mental” ha generado varias controversias en la comunidad médica, científica, la sociedad civil y la ciudadanía en general por su denominación, pues el objetivo de esta ley no es promover la salud mental de manera global, es decir contemplando el bienestar de la población en general y no solamente a las enfermedades o trastornos mentales. En tal sentido la responsabilidad de la protección de la salud mental compete a varios sectores de la sociedad, considerando que los trastornos mentales más comunes vinculados a esta problemática, entre ellos; la depresión, la ansiedad, el estrés, los trastornos del sueño, se encuentran fuertemente determinados por factores socioeconómicos.
En resumen, se puede concluir que la pandemia Covid-19 ha deteriorado significativamente la salud mental de los chilenos, producto de factores socioeconómicos que han impactado negativamente en la estabilidad psíquica de las personas. Lo anterior ha posicionado a la salud mental como un tema prioritario en la agenda pública, pese a que durante muchos años esta problemática social fue vista como un “tema tabú” en la sociedad chilena. En este contexto, resulta clave que la salud mental sea abordada con una mirada país integral e interdisciplinaria, para lo cual se debe convocar a un conjunto de actores del sistema de salud, organismos públicos y privados, empresas, trabajadores, sociedad civil y sociedad en general que permitan adoptar medidas para el fortalecimiento de políticas, estrategias y buenas prácticas en materia de educación, prevención, intervención y tratamiento de problemáticas que repercuten negativamente en la salud mental de los chilenos. En este sentido, la forma en que se aborde la promoción y protección de la salud mental de la población en Chile tendrá impactos directos en aspectos claves tales como nuestra convivencia nacional, calidad de vida, desempeño laboral y desarrollo sostenible del país.
Administrador Público y Magister en Dirección de Empresas (MBA), posee más de 20 años de experiencia laboral en los sectores público y privado. Posee conocimientos y experiencia laboral en la dirección, coordinación, formulación y evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo y asesorías en ámbitos vinculados a la cohesión social, derechos humanos, medio ambiente, energía y cambio climático, educación y cultura, inclusión social de grupos vulnerables (i.e. personas con discapacidad, migrantes, personas en situación de pobreza, entre otros), desarrollo de personas, entre otros, desempeñando dichas funciones en la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), Ministerio de Relaciones Exteriores, Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), Ministerio de Energía, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Educación, organismos bilaterales y multilaterales de cooperación internacional, universidades, corporaciones privadas, entre otros.
La profesional, cuenta además con más de 14 años de experiencia en la coordinación, gestión, relatoría y facilitación de talleres, seminarios y cursos de capacitación nacionales e internacionales en organismos públicos y privados en materias vinculadas al desarrollo sostenible (i.e. derechos humanos, inclusión de grupos vulnerables, energía y cambio climático, buenas prácticas laborales, agenda para el desarrollo sostenible, entre otros), desarrollo organizacional y optimización de procesos, planificación estratégica y control de gestión, cooperación internacional.